Denunciar ante el superior político las supuestas irregularidades cometidas en un puesto de la Guardia Civil ha podido costar al agente S. G. R. hasta 18 meses de multa y tres años de inhabilitación.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real acaba de exculparle del delito de revelación de secretos, del que estaba acusado por haber elevado al subdelegado del Gobierno denuncias por presuntos delitos, incluidos los de tráfico de drogas y trata de blancas, en los que estarían supuestamente implicados, al menos por omisión, agentes del instituto armado.
La Audiencia subraya que el propio guardia reconoció haber hecho la denuncia ante la Subdelegación del Gobierno, pero ordena el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no apreciar que haya delito.
Tras recordar que el Código Penal “castiga al funcionario que revelare secretos [de los] que tenga conocimiento en razón de su cargo y no deban ser divulgados”, alega que, “cuando se habla de divulgación, hay que entender que lo es a persona que no tengan la obligación de conocerlos de manera directa o indirecta”. Lo que hizo el guardia, concluye, fue “comunicar a un superior jerárquico una información que consideró relevante y que a su entender no podía seguir la cadena normal de mando [...], por lo que no puede entenderse cuál fue esa divulgación”.
Lo que tampoco entiende su abogado, Antonio Suárez-Valdés, es cómo la causa llegó tan lejos. Acusar a S. G. R. era reconocer que la Guardia Civil tiene secretos que su responsable político directo no puede conocer.
Las denuncias del agente se archivaron con el argumento de que carecían de fundamento. La acusación de injurias contra él fue retirada.
Fuente: El País
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