La AP de Alicante implanta en la región un programa de mediación penal para desatascar los juzgados

La Audiencia Provincial de Alicante ha elaborado un protocolo de mediación penal para dar salida a unos 50.000 asuntos penales al año de los 200.000 que se registran anualmente en los juzgados del orden penal en la provincia de Alicante (6 millones a nivel nacional).

Por parte del Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro Servet, se ha elaborado un protocolo de mediación penal ante la inexistencia de una ley de mediación penal que fue aprobado la semana pasada en la sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana.
 

Este protocolo de mediación penal puede servir de referente para aquellos profesionales que quieran dedicarse a la mediación como salida profesional colaborando con juzgados y tribunales y posibilitando que los jueces pueden derivar procedimientos a la mediación penal en base a los listados de profesionales que con carácter previo se enviarán desde la Audiencia Provincial de Alicante de entre los que acrediten la realización de los cursos de formación en el orden penal.
 

Para ser mediador penal, se exige tener la titulación en un colegio profesional, haber realizado el curso de mediación de 100 horas y además, acreditar otro curso de mediación penal. Los colegios que lo acrediten a sus profesionales enviarán los listados a la Audiencia Provincial para que ésta por su unidad administrativa de mediación los envíe a juzgados de instrucción y penal, para que cuando el letrado de la administración de justicia (antiguo secretario judicial) y el juez comprueben la existencia de casos que se pueden derivar a mediación penal, elija por sorteo a un mediador penal de la lista remitida por la Audiencia de entre los que han acreditado la formación para que se inicie el proceso de mediación entre victima/perjudicado y acusado suspendiéndose mientras tanto el trámite si estaba pendiente de juicio oral. Bajo esta perspectiva abogados, procuradores, médicos, economistas, psicólogos, arquitectos, arquitectos técnicos, criminólogos, y otros colectivos que acrediten haber realizado los dos cursos de mediación (100 horas) y el específico de mediación penal podrán colaborar en esta función y tratar de conseguir acuerdo entre las partes que evite el juicio y persiga que la víctima cobre su indemnización y evite tener que acudir a un juicio.
 

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