Los profesionales del Derecho en Honduras son uno de los gremios más afectados por la inseguridad que azota el país, considerado como la cuarta nación más violenta de Centroamérica. En los últimos cinco años, 102 abogados han sufrido una muerte violenta, según un informe del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). El documento también revela que el 94% de los casos queda en la impunidad.
El abogado Ahmed Zelaya, de 38 años, fue asesinado a tiros con una AK-47. Este hecho sucedió hace tres años en una cancha de fútbol de la colonia Los Castaños, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda urbe más grande de Honduras. Celebraba un cumpleaños junto a un cliente. Le arrebataron la vida seis hombres vestidos con uniforme policial y los rostros cubiertos con pasamontañas.
Los sujetos explicaron al jurista y a su cliente que era un “operativo de rutina”. Los acostaron boca abajo, los ejecutaron y se escaparon. Ayala, antes de haberse retirado, ejercía como juez de lo Penal en San Pedro Sula. El asesinato de este jurista es uno de los 102 casos de profesionales del Derecho que han muerto desde 2010 hasta septiembre de 2015.
El informe del Conadeh da a conocer que alrededor de 90 juristas fueron ejecutados con armas de fuego; cuatro habrían muerto asfixiados; dos por un supuesto suicidio; cinco con arma blanca y uno en el que los asesinos usaron arma blanca y de fuego para ultimarlo. Las causas de muerte de estos abogados no han podido ser reveladas en su mayoría, ya que el 94% de los casos ha quedado en la impunidad, según el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José Luis Valladares.
Explica que la entidad que preside ha intentado brindar seguridad preventiva a los juristas que han recibido amenazas de muerte, pero “no es suficiente”. Valladares cree que muchas de las muertes forman parte de la violencia que campea en ese país, considerado como la cuarta nación más violenta de Centroamérica por detrás de México, El Salvador y Guatemala, según la clasificación del Índice Global de Paz 2015, pero no descarta que algunas muertes fueran por represalias. “Cuando se ve que ha perdido su caso [el abogado], se hace saña contra el profesional. No se debe estigmatizar la profesión por el tipo de casos que uno lleve”, dice.
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