Catalá descarta aplicar una moratoria a la implantación de LexNET: "Es un camino sin retorno"

 

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha rechazado aplicar una moratoria en el sistema de telecomunicaciones LexNET que está en vigor desde el pasado 1 de enero. "Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio", ha comentado, rechazando suspender el servicio como le piden desde partidos políticos y desde algunos juzgados o asociaciones de jueces.

En una comparecencia en el Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado que LexNET funciona "perfectamente" en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria. "Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones", ha añadido tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Catalá ha recordado que el proceso de digitalización hacia el 'papel cero' lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la "resistencia al cambio" que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, "especialmente fuerte" por tratarse de un "sector conservador en los modos de funcionamiento". También ha recordado que las competencias en materia de modernización están transferidas en muchas comunidades autónomas.

El ministro ha dicho que asume las "críticas" que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. "Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI", ha comentado.

 Imposibilidad de comparecer en el Congreso

 Catalá ha rechazado que, al estar en funciones, sea posible que atienda a la petición del Grupo Parlamentario Socialista para que comparezca en el Congreso para dar cuenta de los problemas con LexNET, entre otros asuntos. "Iría encantado y no lo haría nada incómodo", ha asegurado, pero se ha disculpado alegando que el Ejecutivo "no tiene la confianza de las cámaras" y que, por tanto, no puede aún dar cuenta de una problemática de la que habla "cada día". (EUROPA PRESS)

Fuente: noticiasjuridicas.com

La Fiscalía considera que LexNET genera en su trabajo diario 'ineficiencia, retraso e inseguridad'

 

Aunque desde el punto de vista tecnológico LexNET pudiera asimilarse a un correo electrónico, las consecuencias añadidas a este sistema no tienen en cuenta las necesidades y el sistema de organización y funcionamiento de las Fiscalías, en el que su utilización tiene unas implicaciones mucho más profundas.

Y si bien el Ministerio de Justicia ha ido incorporando diversas soluciones tecnológicas, estas constituyen “soluciones tecnológicas aisladas que no responden a un proyecto global sino a la necesidad de sumar a las Fiscalías a un diseño que previamente ha obviado sus características, funciones, organización y necesidades. Por ello, generan en su aplicación diaria ineficiencia, retraso e inseguridad.”

Así lo manifiesta la Fiscalía General del Estado en un “Informe de evaluación del sistema de comunicaciones electrónicas en la fiscalía”, hecho público hoy por el diario El País.

Las peticiones de la Fiscalía

Según el informe, “dado el importante volumen de notificaciones que se reciben diariamente en las Fiscalías desde todas las instancias y órdenes jurisdiccionales”, que iba a imponer un nuevo modelo organizativo, la Fiscalía planteó desde el primer momento la necesidad de que el nuevo sistema permitiera:

Identificar al Ministerio Fiscal como órgano tanto receptor como emisor de actos de comunicación.

2. La gestión interna de las notificaciones y escritos que se reciben y emiten por las fiscalías, integrándose con los sistemas de gestión procesal de la Fiscalía.

3. Digitalizar en su integridad el expediente judicial, con garantía de la autenticidad (firma) de la resolución que se notifica. En otro caso sería necesario solicitar la remisión del expediente en papel para el despacho del trámite.

4. Acceder al expediente a través de un visor documental ordenado e indexado, con cabeceras de los acontecimientos suficientemente descriptivos de su contenido, que arrancara desde el propio sistema Lexnet, incorporara marcas digitales y fuera editable.

5. Además, el sistema de comunicaciones telemáticas debía incorporar: a) buzones independientes por órdenes jurisdiccionales evitando la recepción indiscriminada en un único buzón de todas las notificaciones; b) las cabeceras de los correos ser lo suficientemente descriptivas del contenido de la resolución; c) incorporar marcas digitales para priorizar causas urgentes y/o preferentes; d) poder incorporar una agenda de plazos que alerte de los transcursos de plazo y poder previsualizar su contenido y, e) habilitarse la opción de segundo y tercer nivel de subcarpetas para lograr dotar de mayor estructura al sistema.

6. Acceso on line desde cualquier lugar al sistema LexNET, expediente electrónico y gestor documental.

7. Fijar un límite máximo de notificaciones diarias: para la adecuada gestión del importante volumen de notificaciones diarias recibidas consecuencia de las concentraciones y envíos masivos que realizan las oficinas judiciales.

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La Justicia entra de lleno en la era digital

Desde el 1 de enero los operadores jurídicos están obligados al empleo de sistemas telemáticos

Resulta difícil de imaginar. Estanterías vacías de rimeros de expedientes; libres de las carpetillas de colores engrosadas con los tomos de cada causa. Es la estampa que deberá imperar, de forma progresiva, en los juzgados cordobeses. Al menos, ésa es la intención del Gobierno: su meta, «papel cero». Por ello, desde el pasado 1 de enero todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales están obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración del ramo para la presentación de escritos y documentos, y la realización de actos de comunicación procesal.

El programa que se debe utilizar desde ya por parte de los distintos operadores es el denominado Lexnet, una plataforma de intercambio seguro de información, como notificaciones, escritos y demandas. Su desarrollo agiliza la tramitación de los procedimientos y proporciona múltiples beneficios en tiempo y costes, ya que, por un lado, mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones y, por otro, disminuye los costes económicos al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos, propiciando un importante ahorro de papel al utilizar el soporte digital.

Los más duchos en el uso de este programa son los procuradores que trabajan en la provincia, ya que lo vienen usando desde el año 2011. Su avance, desde entonces, parece imparable y así lo reflejan los datos: desde su puesta en marcha se han realizado ya más de 1,6 millones de notificaciones.

Fuente: ABC de Sevilla