Catalá descarta aplicar una moratoria a la implantación de LexNET: "Es un camino sin retorno"

 

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha rechazado aplicar una moratoria en el sistema de telecomunicaciones LexNET que está en vigor desde el pasado 1 de enero. "Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio", ha comentado, rechazando suspender el servicio como le piden desde partidos políticos y desde algunos juzgados o asociaciones de jueces.

En una comparecencia en el Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado que LexNET funciona "perfectamente" en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria. "Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones", ha añadido tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Catalá ha recordado que el proceso de digitalización hacia el 'papel cero' lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la "resistencia al cambio" que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, "especialmente fuerte" por tratarse de un "sector conservador en los modos de funcionamiento". También ha recordado que las competencias en materia de modernización están transferidas en muchas comunidades autónomas.

El ministro ha dicho que asume las "críticas" que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. "Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI", ha comentado.

 Imposibilidad de comparecer en el Congreso

 Catalá ha rechazado que, al estar en funciones, sea posible que atienda a la petición del Grupo Parlamentario Socialista para que comparezca en el Congreso para dar cuenta de los problemas con LexNET, entre otros asuntos. "Iría encantado y no lo haría nada incómodo", ha asegurado, pero se ha disculpado alegando que el Ejecutivo "no tiene la confianza de las cámaras" y que, por tanto, no puede aún dar cuenta de una problemática de la que habla "cada día". (EUROPA PRESS)

Fuente: noticiasjuridicas.com

Los juzgados reciben un 15,6% menos de ejecuciones hipotecarias en 2015

Es la cifra más baja de las registradas desde 2009, cuando se iniciaron 93.319 ejecuciones hipotecarias. En 2010 fueron 93.636; en 2011, 77.854; en 2012, 91.622; en 2013, 82.680 y en 2014, 80.749, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial.

Andalucía es la única de las diecisiete Comunidades Autónomas en la que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2015: las 17.365 iniciadas –una de cada cuatro a nivel nacional- suponen un incremento del 2,2% respecto al año anterior.

En el cuarto trimestre de 2015 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en toda España fueron 15.785, un 15% menos que en el mismo periodo del año anterior. El número más elevado de ellas se registró en Andalucía -4.675, el 29,6% del total nacional-, seguida por Cataluña -2.705, el 17,1%- y la Comunidad Valenciana –2.157, el 13,7%-.

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La Justicia entra de lleno en la era digital

Desde el 1 de enero los operadores jurídicos están obligados al empleo de sistemas telemáticos

Resulta difícil de imaginar. Estanterías vacías de rimeros de expedientes; libres de las carpetillas de colores engrosadas con los tomos de cada causa. Es la estampa que deberá imperar, de forma progresiva, en los juzgados cordobeses. Al menos, ésa es la intención del Gobierno: su meta, «papel cero». Por ello, desde el pasado 1 de enero todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales están obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración del ramo para la presentación de escritos y documentos, y la realización de actos de comunicación procesal.

El programa que se debe utilizar desde ya por parte de los distintos operadores es el denominado Lexnet, una plataforma de intercambio seguro de información, como notificaciones, escritos y demandas. Su desarrollo agiliza la tramitación de los procedimientos y proporciona múltiples beneficios en tiempo y costes, ya que, por un lado, mejora la capacidad de respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de sus comunicaciones y, por otro, disminuye los costes económicos al evitar el desplazamiento de los operadores jurídicos, propiciando un importante ahorro de papel al utilizar el soporte digital.

Los más duchos en el uso de este programa son los procuradores que trabajan en la provincia, ya que lo vienen usando desde el año 2011. Su avance, desde entonces, parece imparable y así lo reflejan los datos: desde su puesta en marcha se han realizado ya más de 1,6 millones de notificaciones.

Fuente: ABC de Sevilla