La Comunidad de Madrid va a impulsar tanto la transparencia como la implicación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de una Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, cuyo borrador ha sido debatido este martes en el Consejo de Gobierno.
El proyecto de ley sigue la línea de las regulaciones con las que ya cuentan la mayor parte de los países de la Unión Europea, en las que se garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información como instrumento de control por los ciudadanos de las Administraciones públicas.
La norma configura una nueva forma de interrelación entre la Administración Pública y los ciudadanos orientada al establecimiento del llamado "gobierno abierto".
Como principio básico de la ley, se garantiza la participación real de todos los ciudadanos en la actividad de las administraciones públicas, para lo que se hacen accesibles los documentos que obren en su poder y se garantiza la participación ciudadana en los asuntos y políticas públicas y en la toma de decisiones que les afecten. Por otra parte, esta nueva normativa incluye la regulación de los denominados "lobbys".
La ley obliga a la Administración Pública de la Comunidad y a todos los organismos, entidades y empresas vinculadas o dependientes; a los ayuntamientos y todas las entidades dependientes; a las universidades públicas de la Comunidad; y a todas las asociaciones constituidas por la Administración pública en la región. En el desarrollo de actividades sujetas al derecho administrativo, la norma también será aplicable a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas y la Comisión Jurídica Asesora y a las corporaciones de Derecho Público.
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