La fiscal general del Estado y cuatro asociaciones de jueces
y fiscales cuestionan, en distinto grado, la reforma
de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Consuelo Madrigal lamenta que no sea
una reforma global, que se aplique un sistema de plazos de instrucción que
tenía sentido si instruían los fiscales, que entre en vigor con tanta premura y
que no haya más medios para la Justicia. Las asociaciones hablan directamente
de “impunidad” para grandes casos de corrupción al establecer plazos para la
instrucción de los sumarios.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuestiona
en declaraciones a EL PAÍS la reforma procesal aprobada por las Cortes y que
entrará en vigor dentro de dos meses. Al tiempo, jueces y fiscales están en pie
de guerra contra la reforma apoyada solo por el PP y cuatro de sus asociaciones
han hecho públicos en los últimos días comunicados en los que expresamente
hablan de “impunidad” para grandes procedimientos, especialmente los referidos
a los casos de corrupción.
Madrigal rechaza, no obstante, que provoque impunidad
“porque nos esforzaremos los fiscales para que eso no ocurra”. La fiscal,
propuesta para el cargo por el Gobierno del PP, critica en primer lugar que la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “no sea global sino por parches.
Es una reforma parcial porque hace
un año el Gobierno renunció a una reforma integral del proceso penal. En el
inicio de la legislatura un grupo de expertos propuso un nuevo Código Procesal
Penal que sustituía la ley de Enjuiciamiento Criminal que procede del siglo
XIX. La reforma impone plazos de seis o 18 meses para instruir esos sumarios,
con posibilidad de prórrogas.
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