La Justicia europea ha avalado el sistema español de ayudas
para la financiación del sector de los astilleros puesto en marcha en 2002, en
contra de la decisión de la Comisión Europea (CE) -con Joaquín Almunia como
vicepresidente y comisario de la Competencia-, que, en 2013, lo había declarado
ilegal por construir una "ayuda estatal" y resultar
"parcialmente incompatible con el mercado interior".
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