Los servicios jurídicos de las grandes empresas españolas andaban este martes en ebullición por una decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que censura las condiciones de desempleo de los trabajadores interinos en un país donde la precariedad duplica la media europea.
En una sentencia con fecha del 14 de septiembre y que acaba de conocerse, el tribunal considera que la legislación española vulnera las normas europeas al no prever ninguna indemnización al acabar el contrato para trabajadores interinos, que pueden llegar a desempeñar durante años las funciones propias de cualquier empleado con contrato fijo.
La decisión da la razón a la demanda presentada por una mujer que trabajó nueve años como interina en el Ministerio de Defensa español y ha abierto la caja de los truenos en un país en el que los trabajadores temporales suponen cerca del 26%, el doble de la media en la UE.
En su sentencia, el alto tribunal con sede en Luxemburgo afirma que la condición de interina de la demandante "no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa" a pagar indemnización”.
Ante las posibles consecuencias de la decisión, "las empresas están llamándonos de manera desesperada" para informarse, comentó a AFP este martes Eloy Castañer, socio del departamento laboral de Garrigues, un prestigioso despacho de abogados que asesora a multinacionales.
Según él, las compañías "están un poco sorprendidas por el fallo del tribunal".
Aunque para saber exactamente las implicaciones explica que habrá que esperar o bien que haya una reforma laboral, previa negociación con los sindicatos, o bien ver cómo interpretan los tribunales españoles la jurisprudencia creada con esta sentencia.
La legislación española más reciente prevé una indemnización de 20 días por año trabajado para los empleados fijos en caso de despido por razones económicas. Antes se abonaban 45 días por año.
Para los 3,4 millones de trabajadores temporales, con contrato de duración determinada, la indemnización es de 12 días por año de servicio.
Y para los interinos, trabajadores reemplazantes que a finales de junio sumaban cerca de medio millón y abundan en las administraciones públicas, no se contempla ninguna prestación.
- Sindicatos piden reformas -
Los dos grandes sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT, no han tardado en exigir al Gobierno una reforma legislativa "urgente" que reconozca a los trabajadores interinos y temporales, en total cerca de cuatro millones, el derecho a cobrar 20 días de sueldo por año trabajado en caso de despido.
El Gobierno del Partido Popular (PP), en funciones desde hace nueve meses, trata de calmar los ánimos. Una fuente del Ministerio de Empleo dijo a AFP que la sentencia del tribunal europeo "no plantea una equiparación entre contratos" y "en ningún caso pide un contrato único en España".
La fuente añadió que la decisión va a ser estudiada por los juristas del Ejecutivo y que la eventual modificación de la legislación dependerá de una negociación con los sindicatos, lo que difícilmente podría hacerse rápido, dado que el Gobierno sigue en funciones.
Prueba de la precariedad española, desde 2006 y hasta el pasado agosto se firmaron en España un total de 174 millones de contratos, para una población de unos 15 millones de asalariados, según datos del Ministerio de Empleo.
Manuel Lago, economista y profesor en la Escuela de Relaciones Laborales de La Coruña, cree que este dato es "una aberración", e ilustra cómo "los puestos permanentes son ocupados de forma rotatoria por trabajadores temporales".
Lago achaca esta realidad en primer lugar a una matriz económica en la que dominan sectores propensos a la precariedad, como la hostelería o el comercio.
Aunque según él "la precariedad contractual es un arma muy poderosa en manos de las empresas", que utilizan a los temporales como variable de ajuste salarial.
Tras la dura crisis de 2008-2013, la economía española ha creado empleo y en julio la tasa de paro bajó al 19,6%, la segunda más alta de la Eurozona, según la agencia europea de estadísticas Eurostat.
Los sindicatos critican que buena parte del empleo creado es precario y la patronal responde que necesita margen para contratar y contribuir a la recuperación económica del país, uno de los que más crece en la eurozona (3,2% en 2015).
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